El acuerdo entre gobierno uruguayo y UPM marcará un antes y un después en la historia del país. Este proyecto no tiene precedentes en aspectos clave, el primero de los cuales es eludir la participación del sistema político, el Parlamento y la sociedad.
La inversión de Uruguay en infraestructura casi duplica a la de UPM, pero mientras que la empresa recupera la inversión en poco más de tres años, la ganancia de Uruguay es cero y recibe unas migajas por aportar agua, suelo y trabajo.
El gobierno acepta la injerencia de UPM en los planes de enseñanza y en las normas laborales del país, ignorando atribuciones del Poder Legislativo, y margina al Poder Judicial al aceptar tribunales internacionales en los litigios con la empresa.
La instalación de una planta de celulosa de las dimensiones de UPM2 a orillas del río Negro agravará la contaminación existente, debido a su enorme demanda de agua y a la descarga de sus efluentes en el río.
Las propuestas para compensar los impactos ambientales y sociales de la planta y del proyecto ferroviario que la acompaña son insuficientes. El tren de UPM pretende atravesar, con celulosa y químicos peligrosos, zonas densamente pobladas de varias ciudades.
La consolidación de una economía primaria, basada en la extracción de los recursos naturales del país, sobre todo la tierra y el agua, colocan a Uruguay en la categoría de un simple enclave colonial de las empresas y capitales extranjeros.
Ante una oposición que no parece percibir estos peligros, nuestra esperanza radica inevitablemente en la conciencia y la movilización del pueblo.
